Una veintena de familias de los mineros atrapados en Chile presentó hoy una querella por cuasi delito de homicidio contra los dueños del yacimiento que sepultó a los obreros el pasado 5 de agosto. La demanda penal apuntó a los propietarios de la minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, cuestionados en el escenario político nacional por someter a los trabajadores a condiciones de extrema inseguridad.

Por su parte, la familia del minero Raúl Bustos, demandó también al Servicio Nacional de Geología y Minería, por el delito de prevaricación, al autorizar en 2008 la reapertura de la mina, cuyo cierre había sido dictaminado un año atrás por lesiones graves a un obrero. Según el abogado de la defensa Remberto Valdés, el organismo fiscalizador dictó una resolución que dio luz verde a las faenas mineras en el yacimiento.

Luego del sonado derrumbe en la región de Antofagasta, las autoridades chilenas decidieron cerrar 18 minas en esa área geográfica, por carecer en todos los casos de condiciones para su explotación. Las minas clausuradas no disponían de refugios, ni de túneles de ventilación, tampoco de vías de evacuación.

El presidente del país, Sebastián Piñera, señaló la semana anterior que habría un antes y un después del accidente en la veta de San José y aseguró que los responsables de la tragedia serían debidamente sancionados.